OCU Castilla y León solicita a Servicios Sociales el refuerzo de la atención a las personas mayores

         

La pandemia ha empeorado la situación económica de muchas personas mayores, que es, precisamente, el factor que más influye en su calidad de vida.

La Delegación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Castila y León se ha puesto en contacto con la Gerencia de Servicios Sociales de la comunidad autónoma para solicitar más medios de atención para las personas mayores dependientes, pero también para las familias que, teniendo a su cargo a mayores dependientes, tienen dificultades económicas para atenderles debidamente.

     

Hoy por hoy, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León ofrece una prestación a las personas mayores que tramitan su situación de dependencia que en muchos casos no llega a cubrir ni el 20% de los servicios que requiere el afectado. Es más, las listas de espera para acceder a una residencia pública se prolongan en el tiempo, lo que agrava si cabe la situación de dependencia de muchos mayores. Porque los ingresos de la pensión de jubilación o de viudedad rara vez alcanzan para pagar una residencia privada.

Buena parte de estos problemas, por otro lado, comunes a buena parte de las comunidades autónomas, se reflejan en una encuesta realizada por OCU a 2.772 mayores de entre 65 y 79 años hace apenas diez meses: el 19% describe su situación económica como difícil o muy difícil. Mientas que sus expectativas de cara al futuro son aún peores: el 43% considera que no podrá permitirse servicios de ayuda a domicilio. Además, la falta de autonomía no ayuda: el 23% de los mayores reconoce que no es capaz de realizar solo las tareas domésticas; un 16% no es completamente autónomo para hacer la compra; o un 8% no es capaz de gestionar su dinero sin ayuda. Y eso que la encuesta excluye a los mayores de 79 años, un colectivo con mucha menos autonomía.

Por todo ello, OCU Castilla y León solicita un refuerzo de los servicios sociales de atención a los mayores en el sentido de aumentar las cuantías de las de las prestaciones vinculadas y el número de plazas de residencias públicas garantizando unas instalaciones y el número de personal profesional adecuado para el cuidado de los residentes, así como la reducción de los plazos en los trámites de solicitud.

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