Hoy se ha publicado en el BOE la esperada LEY 20/2021 de 28 de diciembre DE MEDIDAS URGENTES PARA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO. Las medidas que recoge la nueva Ley afectarán a más de 50.000 empleados en Castilla y León. Supone un 30% de los efectivos de la Junta de Castilla y León; un 8% de las administraciones generales del Estado y un 12% de los trabajadores de ayuntamientos y diputaciones.
En toda España afectará a más de 800.000 empleados públicos en situación de abuso de contratación temporal. La nueva Ley reforma el Texto refundido del Estatuto Básico del Empleo Público (TREBEP), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
La Plataforma de trabajadores temporales públicos de Castilla y León, que representa al 80% de estos empleados en abuso de temporalidad, considera que la nueva Ley supone «un avance respecto al Real Decreto Ley 14/2021, pero es insuficiente y sigue sin trasponer ni cumplir la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada».
Las medidas que recoge la nueva Ley, que pretende reducir la temporalidad en el sector público del 30 al 8% en 3 años hasta diciembre de 2024, «se fundamentan en continuar con procesos selectivos “de estabilización” que tampoco cumplen con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)».
El TJUE en su Sentencia de 19 de marzo de 2020 y Auto y Sentencia de 2 y 3 de junio de 2021 respectivamente, establece que las Administraciones públicas españolas están abusando de la contratación temporal y que dicho abuso debe ser sancionado. También reitera que, cualquier proceso selectivo abierto al personal no abusado y que no garantice la transición a un contrato indefinido, no cumple con la Directiva ni sanciona al empleador. La nueva Ley «tampoco cumple porque no contempla ninguna sanción para la Administración. Sin embargo, la Administración si que sanciona al empresario que abusa de la temporalidad en la empresa privada; en la reforma laboral aprobada por el Gobierno, se incide expresamente en reducir la precariedad en el empleo» indican.
El TJUE y el Tribunal Supremo establecen que las Administraciones han incumplido el plazo de 3 años por el que se considera que un trabajador está en abuso. Según la plataforma, la nueva Ley «tampoco ha respetado este plazo, negando el concurso a los trabajadores que lleven de 3 a 6 años en situación de abuso, y el concurso sólo se aplicará a los que lleven más de 6 años con contratos temporales. Los primeros deberán superar un concurso-oposición, cuya fase de oposición podrá ser no eliminatoria, a juicio de cada Administración. Ambos procesos son abiertos a personal que no ha sufrido abuso y son de resultado incierto y, por lo tanto, no cumplen las sentencias del TJUE porque no garantizan la estabilidad de todos los trabajadores abusados».
La Ley «obliga a todas las Administraciones españolas a aplicar ambas medidas, y deja en manos de los responsables de empleo de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos y diputaciones el desarrollo de las convocatorias y procesos selectivos» afirman.
La Plataforma insta al consejero de Presidencia y la Directora General de Función Pública de la Junta, a cumplir todas las disposiciones de la Ley y a incluir en la oferta extraordinaria de estabilización de empleo de 2021, todas las plazas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, independientemente de que se hayan convocado previamente.
La plataforma recuerda que la Junta de Castilla y León ha convocado a concurso oposición libre más de 2.000 plazas que han estado ocupadas durante 6 a 30 años por interinos y laborales temporales. «A diferencia de otras Comunidades, como Asturias, País Vasco o Navarra que han paralizado cauterlarmente los procesos hasta la publicación de la Ley, la Junta ha continuado publicando las convocatorias de las OPES de 2017 y 2018, a sabiendas de que estos empleados cumplen los requisitos que establece la Ley para participar en el concurso de méritos, y ahora, sin embargo, podrían quedar en la calle si no superan el proceso y sin ningún tipo de indemnización» explica.
A juicio de la Plataforma, esto supone una injusticia y una clara discriminación entre trabajadores que han demostrado su valía durante años, por lo que, pedimos a la Junta que ha llegado el momento de demostrar con hechos la voluntad de mantener a sus empleados públicos e instamos al consejero a cumplir sus propias declaraciones: “la valoración de la experiencia y el talento nos deben dirigir hacia su consolidación y protección con las herramientas que habilitemos”.
El pasado 21 de diciembre se convocaron elecciones anticipadas en la Comunidad. «Uno de los problemas más importantes que deberá afrontar quien llegue al Gobierno es el 30% de temporalidad abusiva en nuestras administraciones, que no sólo perjudica la labor de los trabajadores públicos, sino fundamentalmente afecta a los ciudadanos que deben sufrir la precariedad laboral y los cambios continuos de sanitarios, profesores, cuidadoras, etc.» Por ello, la Plataforma pide a todas las formaciones políticas que se presentan a las próximas elecciones que incluyan en su programa una aplicación de la Ley 20/2021 que dé empleo estable a todos los trabajadores temporales de larga duración de Castilla y León que cumplan los criterios que marca la Ley, lo que, en sus palabras, redundará en una mejor atención al ciudadano y a mejorar la estabilidad económica de nuestra Comunidad.
La Plataforma de trabajadores temporales públicos de Castilla y León «continuará trabajando para defender los intereses del personal temporal de la Comunidad y seguirá luchando hasta que se aplique por igual a todos los trabajadores en abuso de temporalidad, la Normativa Europea y la jurisprudencia del TJUE, con todas las acciones oportunas».