Podemos Castilla y León, a través de 39 enmiendas parciales, ha modificado el Proyecto de Ley por el que se crea la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León y se regula el estatuto de protección de los denunciantes.
La formación morada considera que el Proyecto se queda demasiado “laxo” en cuanto a la protección de los denunciantes y por ello han introducido una serie de medidas para reforzar el derecho a la representación legal si así lo precisan, a la asistencia psicológica pública o al endurecimiento de medidas ante las posibles represalias en sus puestos de trabajo (ya que en la mayoría de casos las personas
denunciantes pertenecen a la función pública).
Por otra parte y, a juicio de Podemos, el contexto en que se presenta el Proyecto pretende una corresponsabilidad de la ciudadanía y los y las trabajadoras públicas en los casos de corrupción “que no es de recibo, el corrupto representa la máxima deslealtad que un gestor público puede tener con sus ciudadanos y por ello desde Podemos entendemos que hay que ir a las raíces de lo que ha supuesto la corrupción en nuestro país: la deslegitimación de la democracia y de nuestro Estado de Derecho”, señala Laura Domínguez, procuradora en las Cortes de la comunidad.
Por último, la formación morada ha presentado una batería de enmiendas dirigidas a que la Oficina sea accesible desde cualquier punto de la Comunidad Autónoma ya que “si bien se pretende que su sede esté en Valladolid un órgano de estas características tiene que ser fácilmente accesible para cualquier persona que quiera interponer su denuncia” y en este sentido proponen mejorar las vías presenciales con lugares físicos en cada provincia y facilitando las denuncias telemáticas, apunta Domínguez.
En definitiva, Podemos CyL considera que las enmiendas refuerzan el carácter preventivo ante casos de fraude público y mejoran las garantías de protección de las personas denunciantes definiendo la corrupción como “el deterioro de la democracia y nuestro estado de derecho”, concluye la procuradora morada.
