jueves 7 julio, 2022
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La prestación de servicios esenciales en Castilla y León representa dos tercios de la contratación anual realizada por la Administración autonómica

  • El Consejo de Cuentas expuso hoy en las Cortes el informe sobre la contratación autonómica en 2018 y 2019, en el que se observa una cierta mejora en cuanto a la media de incidencias detectadas.
  • Para esta auditoría se revisó una muestra de 84 expedientes sobre un importe de 249 millones de euros y se llevaron a cabo un total de 2.268 comprobaciones sobre los mismos.

            El informe sobre la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad en 2018 y 2019 del que ha dado cuenta hoy Mario Amilivia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes fue publicado por el Consejo de Cuentas el 28 de diciembre. Es una auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual en relación con la aplicación de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia, no discriminación e igualdad de trato a los licitadores.

  En opinión del Consejo de Cuentas, la Administración General e Institucional de la Comunidad cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por las salvedades que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la normativa de contratos del sector público.

  En concreto, en las actuaciones preparatorias de los contratos: la falta de designación de responsable del contrato y de los cálculos realizados para la determinación y adecuación del precio de licitación, así como las deficiencias de publicidad; también las deficiencias en el establecimiento de los medios de solvencia, el incumplimiento del artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público y 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas presentadas detallados en los pliegos, así como en los informes técnicos de valoración, en los que se puntúan aspectos no previstos en los pliegos o que no están suficientemente motivados. Asimismo, el incumplimiento de los plazos de adjudicación y de formalización de los contratos.

  A la vista de ello, el informe del Consejo de Cuentas recoge 7 recomendaciones:

  • El Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las deficiencias detectadas en su información, especialmente en relación con los contratos no comunicados por la Gerencia Regional de Salud.
  • Por su parte, los órganos de contratación deben velar por la inclusión en todos los expedientes de la justificación de la necesidad del contrato y de reservar la utilización de la tramitación urgente y de emergencia cuando se den las circunstancias señaladas en la ley; de la designación de un responsable del contrato; y de los medios utilizados para determinar la correcta estimación del importe. Además, deben planificar la contratación de las necesidades habituales para que no se produzcan periodos sin cobertura contractual y cumplir las normas de publicidad establecidas.
  • La Administración de la Comunidad, especialmente la Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, debe establecer los medios para acreditar la solvencia económico-financiera y/o técnica y profesional de los licitadores.
  • Además, la Gerencia Regional de Salud debe reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos con el suficiente detalle todos los baremos de reparto y subcriterios que serán tenidos en cuenta, lo que redundaría en una mayor transparencia y objetividad del proceso.
  • La Gerencia Regional de Salud y las Consejerías de Presidencia, de Economía y Hacienda, y de Cultura y Turismo, deben evitar distorsiones en la definición y ponderación de los criterios de adjudicación valorables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas, en especial del referente a la oferta económica.
  • Los órganos de contratación deben asegurar que el contenido de los contratos incluya todos los derechos y obligaciones, especialmente el Itacyl y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
  • Finalmente, la Administración de la Comunidad debe vigilar que los contratos sean formalizados en plazo, así como su preceptiva publicación en boletines oficiales y en el perfil de contratante.

  El presidente del Consejo subrayó que la auditoría agrupa dos ejercicios para dotarla de una cierta perspectiva desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

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