lunes 26 septiembre, 2022
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El Partido Socialista se opondrá a la nueva Ley de Transparencia si no experimenta un cambio radical

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista lamenta las dificultades para obtener información sobre residencias en la crisis del Covid, recogidas en el informe

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, anunció hoy que el PSOE se opondrá a la futura Ley de Transparencia, si el borrador del anteproyecto no experimenta un cambio radical.

Así lo señaló Barcones durante la comparecencia en las Cortes del comisionado para la Transparencia. Tomás Quintana, quien presentó su informe relativo al año 2020 y en cuya memoria aparecen resoluciones estimatorias sobre el acceso a la información. Entre otras, de los datos desglosados por centros residenciales y la gestión de los mismos durante la crisis del Covid. O sobre las listas de espera canceladas por la pandemia.

Sobre le borrador de la Ley de Transparencia

Sobre el borrador de la Ley, al que la Junta fía la resolución de las múltiples carencias advertidas por el Comisionado, Barcones resaltó que no cuenta con el consenso y tiene “importantísimas deficiencias”.

En este sentido, censuró que el borrador implique una ampliación notable del ámbito de aplicación. Sobre todo en publicidad activa, al pasar de 50 entidades a más de 5.000 y de 11 obligaciones a 75.

“Un cambio tan radical en legislación autonómica precisa medidas organizativas, institucionales y transitorias. Estas deben garantizar la implantación real de la ley”, parafraseó las palabras del informe y añadió “no lo contiene la ley”.

“O el borrador cambia radicalmente o no va a contar con el apoyo del PSOE”, advirtió, para añadir que quien lo haya elaborado demuestra que no conoce Castilla y León y que está alejado de la realidad.

Al respecto, se preguntó con qué recursos materiales y profesionales van a hacer frente a esas obligaciones los ayuntamientos y aseveró “jurídicamente no hay nada más peligroso que aprobar normas que no se pueden cumplir”.

En este sentido, criticó que se establezca un régimen de sanciones ante normas que se sabe de antemano que no van a poder cumplir.

Por último, Barcones contrapuso “el dispendio en gasto en una Consejería para la materia, pero luego no se dota al Comisionado de los medios necesarios, que es quien tiene que velar por el cumplimiento de la transparencia”, concluyó.

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