El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mostrado su “absoluto desacuerdo” con los criterios de reparto de determinados fondos europeos dedicados al medio ambiente, y así se lo ha trasladado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Suárez-Quiñones ha denunciado el trato desigual que recibe Castilla y León.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha hecho llegar a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el “absoluto desacuerdo” con los criterios de reparto de los fondos europeos que perjudican doblemente a Castilla y León, ya que, de un lado faltan apoyos claros e incentivos para lograr objetivos de cumplimiento que se ven lastrados por la despoblación, como es el caso de la normativa de residuos, y de otro lado, penalizan el territorio cuando se trata de los fondos dedicados a los ecosistemas, en los que Castilla y León resulta claramente perjudicada al introducir un límite económico de 700.000 euros para una superficie de más de 5 millones de hectáreas de superficie forestal, Red Natura 2000 y Espacios Naturales Protegidos que, de no existir esa limitación, los fondos serían mucho más cuantiosos.
Los fondos PIMA, Plan de impulso al medio ambiente, que han sido objeto de estas discrepancias, se materializan en dos programas: Residuos y Ecosistemas; sobre el Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al medio ambiente-PIMA Residuos, el montante global asciende a 421,12 millones de euros y el porcentaje asignado a Castilla y León ha sido el 5,86%, lo que equivale a 24,66 millones de euros.
En este punto, Juan Carlos Suárez-Quiñones defendió que debe otorgarse una especial puntuación para el criterio de reparto relativo a la despoblación y consideró necesario a tener en cuenta los recursos para cubrir la logística de transporte de residuos para territorios despoblados y pidió una revisión en base a razones de dispersión de población y tamaño del territorio, sobre todo que tenga en cuenta el esfuerzo necesario para cumplir los objetivos cuando la situación de partida está muy alejada de los requerimientos normativos.
El punto más conflictivo ha sido sobre el Acuerdo por el que se autorizan los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos relativos al plan PIMA Ecosistemas, que cuenta con un presupuesto global de 8,3 millones de euros y una asignación para Castilla y León de 700.000 euros, en función de la suma de la superficie forestal y la contenida en la Red Natura 2000 o Espacios Naturales Protegidos de cada comunidad autónoma, pero se fijan unos límites, mínimo de 50.000 euros y máximo de 700.000 euros, lo que penaliza mucho a Castilla y León, situación que ya trasladó el consejero a la ministra Teresa Ribera.
La Videoconferencia Sectorial de Medio Ambiente dio cuenta también del reparto de los créditos para la modificación de tendidos eléctricos causantes de electrocución a especies de avifauna amenazada, de los que Castilla y León recibirá 13,78 millones de euros, de un fondo global de 60 millones de euros, siendo la comunidad que más dinero recibe.
Sobre la línea de crédito para saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes, no conformes con la Directiva europea de aguas residuales, Castilla y León recibirá 5,5 millones de euros, de un montante global de 100 millones de euros.
