El vicepresidente y consejero Francisco Igea ha presentado esta tarde, en las Cortes de Castilla y León, las principales líneas de actuación que durante el año 2021 desarrollará esta consejería con un presupuesto total de 20.233.462 euros. El carácter transversal de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se materializa, en beneficio para toda la estructura del Gobierno autonómico, en aspectos clave como los avances en transparencia, la adopción de las competencias y la coordinación de las políticas de reto demográfico, la evaluación de las políticas públicas y la atención al ciudadano mediante el 012.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior va a centrar su acción diaria durante el año 2021 en torno a seis grandes prioridades, transversales para los objetivos globales la Junta de Castilla y León: la lucha contra la despoblación, la mejora de la atención a los ciudadanos, la transparencia de la Administración, la evaluación de las políticas públicas, el apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior y la cooperación para el desarrollo.
El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el próximo año en lo concerniente a esta consejería prioriza el gasto dirigido, fundamentalmente y en el actual contexto social y económico, a hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. Así, en 2021, Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior destinará 6.347.634 euros –un 21 % de su presupuesto- al Servicio de Atención al Ciudadano 012 y a los portales web de la Junta de Castilla y León; es decir, actuaciones dirigidas a reforzar y mejorar servicios que se han revelado fundamentales durante este año 2020 para garantizar el buen funcionamiento y la relación de la Junta de Castilla y León con los ciudadanos.
Esta consejería pretende dar un giro a las políticas relativas al reto demográfico y en el nuevo planteamiento destaca la elaboración de una Estrategia de lucha contra el Reto Demográfico, una Ley de Dinamización Demográfica y la modificación del sistema de ordenación territorial –principalmente, en el ámbito rural- y previsto en la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. Las medidas y el seguimiento de los objetivos en materia de reto demográfico, que requieren una respuesta integral y coherente, van a coordinarse de manera transversal mediante un grupo de trabajo interconsejerías de dinamización demográfica, responsabilidad de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
De manera adicional a las medidas legislativas previstas, esta consejería va a impulsar iniciativas específicas de apoyo que faciliten fijar e incrementar población en zonas de la Comunidad especialmente afectadas por este problema. Un ejemplo de ello es una parte de los 19 millones de euros de la dotación económica de la prórroga del Plan Soria, y que se destinará a la promoción de actuaciones en esta provincia que contribuyan a su dinamización demográfica. Así, Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior dispondrá de una cantidad de 2 millones de euros para impulsar, junto con la Diputación de Soria, entre otros, programas de vivienda, programas experimentales de arraigo y atracción de población, programas de fomento de economía social, o becas para el alumnado matriculado en los grados y/o másteres impartidos en el campus universitario. Asimismo, y a colación de estas políticas y el papel de las universidades de la Comunidad, esta consejería destinará una primera cuantía de 60.000 euros a un convenio con las cuatro instituciones académicas públicas -Salamanca, Valladolid, Burgos y León- para su participación en la elaboración de la Estrategia de la Junta de Castilla y León sobre el reto demográfico.
Evaluación de las políticas públicas
Uno de los compromisos de legislatura de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior atañe a la evaluación de las políticas públicas, entendida como una herramienta indispensable para analizar la eficacia real de la intervención de la Administración, rendir cuentas ante la sociedad y mejorar la planificación futura de acciones. A tal fin, en el ejercicio 2021, esta consejería va a destinar 481.599 euros a seguir avanzando en este compromiso.
Con esa cantidad se afrontará el encargo realizado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como ente independiente, de reconocido prestigio y experiencia acreditada en este ámbito, que va en una doble dirección: un estudio sobre las necesidades de Castilla y León para la implantación de un sistema de evaluación de políticas públicas y la creación de la que será la Agencia Autonómica de Evaluación; y una auditoría de evaluación de las políticas públicas en materia de políticas activas de empleo y en materia de publicidad institucional. Posteriormente, esta colaboración continuará con estudios relativos al gasto en becas y universidades, y a la promoción industrial.
Francisco Igea ha hecho énfasis en el peso de las políticas y las iniciativas que dirige al frente de esta consejería y que, en algunos casos, no representa un gasto más allá de los propios costes de personal; y se ha referido expresamente a la existencia de la Oficina Técnica de Calidad Normativa y Simplificación o de la actividad de la Inspección General de Servicios. Son ejemplos -ha señalado el vicepresidente y consejero- de labores importantes en cuanto a la garantía de la calidad normativa mediante la planificación anual y análisis de cada iniciativa, la simplificación procedimental, los servicios de intermediación, el diseño funcional de la administración electrónica o la gestión del régimen de incompatibilidades, entre otras, debo resaltar, máxime cuando se lleva a cabo con una absoluta economía de medios.
En la intervención ante la comisión parlamentaria, Francisco Igea ha reiterado que la transparencia es una de las señas de identidad de esta consejería y “desde el inicio de la legislatura es uno de los aspectos en los que mayor énfasis estamos haciendo, convencidos de que las Administraciones tienen que rendir cuentas ante la sociedad, y para ello debe tener un acceso fácil a toda la información que permita conocer y controlar la actividad de las Administraciones”.
Web corporativa, Portal de Gobierno Abierto y Bocyl como referencias de servicios transversales
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior invertirá una cuantía próxima a los 800.000 euros para seguir mejorando los portales web que integran la red corporativa de la Junta. La página web corporativa de la Junta de Castilla y León y el Portal de Gobierno Abierto son dos claros ejemplos las herramientas indispensables para que los ciudadanos puedan conocer la acción que lleva a cabo la Administración autonómica así como también facilitar el ejercicio de un control activo por su parte.
El Boletín Oficial de Castilla y León también es competencia de esta consejería, y merece la pena ser resaltado como instrumento institucional al servicio de toda la Comunidad, y no solo de su Gobierno autonómico. La edición electrónica -casi diaria- del Bocyl, que es accesible a personas con discapacidad conforme a los estándares vigentes, supondrá para el presupuesto de esta consejería una cifra de 578.413 euros.
Sobre la calidad del Bocyl es preciso recordar, como muestra, que según el último Informe del Observatorio de Accesibilidad de la Administración General del Estado este boletín oficial ocupa la segunda posición -de 172 sitios web evaluados- y la primera respecto a webs de boletines oficiales -de 19 evaluaciones-.
Servicio de Atención al Ciudadano 012
Uno de los ámbitos de trabajo más destacables de esta consejería, en línea con su carácter transversal, es la Atención al Ciudadano. Resulta imprescindible contar con una red extensa de servicios administrativos que abarque la atención presencial así como todos los medios y canales no presenciales que pone a disposición la sociedad de la información.
El vicepresidente y consejero ha subrayado la labor llevada a cabo por el Servicio de Atención al Ciudadano 012 desde el mes de marzo hasta la actualidad, especialmente durante los meses de primavera, en que estuvieron cerradas todas las dependencias administrativas, como consecuencia de la declaración del estado de alarma. A partir de la experiencia acumulada en estos meses, Francisco Igea ha destacado la necesidad de reforzar nuevamente este servicio que se presta a los ciudadanos de Castilla y León a través del 012, para dar la atención que precisan los ciudadanos frente a todas las cuestiones que se derivan de la pandemia de la COVID-19. Por todo ello, la consejería incrementa para 2021 la partida presupuestaria dedicada a este servicio, con un aumento de 832.417 euros, lo que supone un aumento de más del 30 % frente a lo que destinaba a tal finalidad en el presupuesto de 2018. De manera concreta, la cuantía destinada al Servicio de Atención al Ciudadano 012 ascenderá hasta los 3.547.634 euros.
Cooperación para el Desarrollo y otras actuaciones de Acción Exterior
El presupuesto dedicado a este capítulo se mantiene estable respecto al presupuesto del año 2018, si bien ello no obsta para seguir avanzando en aquellas políticas que reafirman un compromiso como sociedad democrática con los derechos humanos -es decir, la cooperación para el desarrollo-; y ayudan en la lucha contra la despoblación, con ayudas a la integración de inmigrantes o iniciativas dinamizadoras de zonas especialmente afectadas por este problema, como pueda ser la cooperación transfronteriza con Portugal.
Las actuaciones en el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, el apoyo a las comunidades de castellanos y leoneses en el exterior y otras actuaciones dirigidas a favorecer la integración de los inmigrantes en la sociedad castellana y leonesa supondrán un presupuesto de 5.429.600 euros.
En el ámbito de la Acción Exterior, la consejería va a seguir apoyando iniciativas de colaboración entre Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal, enmarcadas en los proyectos Norcyl y Cencyl, respectivamente. Con ello se pretende seguir apoyando la dinamización de carácter económico, social y cultural de las zonas fronterizas de Salamanca y Zamora. Para esta serie de actividades, la cuantía prevista es de 398.510 euros. Ha de tenerse en cuenta que la aportación de Castilla y León supone una cuarta parte de la aportación económica total, ya que en se trata de proyectos amparados y financiados principalmente por fondos de la Unión Europea.