El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado, en este mes de febrero, el Proyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de CYL (PL-GSRC.CYL) y ha sido en su tramitación cuando se ha retirado a los Celadores del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medioambiente la condición de agentes de la autoridad en el desarrollo de sus labores, condición que tenían reconocida en la normativa que se pretende modificar y en las actuales leyes autonómicas de Patrimonio Natural y de Pesca.
Según las manifestaciones del Secretario de Administración de Autonómica de la FeSP UGT Castilla y León, Julio César Martín Nevado, “este cambio normativo vacía de contenido real el trabajo de este colectivo y supone además un incumplimiento del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Castilla y León, porque el desarrollo de las funciones encomendadas en el convenio requieren que tengan capacidad para la denuncia de las infracciones detectadas”.
Para Martín Nevado “después de decenas de años de gobierno del mismo color político, resulta inadmisible esta falta de planificación de sus recursos humanos, que deja a los Celadores en el completo abandono durante el desarrollo de sus funciones. Nuevamente la incapacidad de la Junta la pagan sus trabajadores, en este caso los Celadores medioambientales”.
Las limitaciones alegadas por la Junta para este cambio, no son cambios normativos recientes y la Junta ha tenido tiempo para regularizar estas deficiencias organizativas. Además, ninguna de las acciones correctoras que se han propuesto a la Junta han sido tenidas en cuenta.
La Junta siempre ha defendido que la normativa autonómica, a través de la habilitación legal existente (entre ellas, la que ahora se pretende eliminar), reconocía a los celadores medioambientales su capacidad para el ejercicio de funciones de autoridad. Esta capacidad es única y exclusivamente para el ejercicio de las funciones de vigilancia que las Leyes les encomendaban, estando el resto de la tramitación del procedimiento sancionador en manos del personal funcionario.
La Junta, con este argumento, ha bloqueado todos los intentos de regularización que evitarían, precidamente, la situación a la que la Junta está llevando a estos empleados públicos.
Sin embargo, de repente se produce un cambio en la argumentación desde la Consejería de Fomento y Medioambiente sin prever las nefastas consecuencias que tendrá para el personal implicado y en último extremo para las funciones de protección de la flota, fauna y patrimonio natural que tienen encomendadas.
El secretario de Administración de Autonómica de FeSP-UGTCyL, Julio César Martín Nevado, ha manifestado “la oposición del sindicato a esta brusca modificación normativa, que implica un cambio radical en los medios de control de la actividad de la caza, tanto humanos como procedimentales”.
Al mismo tiempo ha anunciado que “solicitaremos la articulación, en el Proyecto de Ley, de una excepción temporal para esta competencia funcional que suponga mantener la situación actual y a la vez, se emprenda de forma urgente la adaptación de la situación de los Celadores del Medio Natural, para regularizar su situación con las funciones que tiene encomendados los Celadores”. Todo ello, terminó señalando Martín Nevado, “en aras de la seguridad jurídica de los procedimientos existentes y futuros y para ganar tiempo para realizar las adaptaciones laborales y organizativas de la Administración”.
