UGT ha ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar su plan para la elaboración del proyecto de ley de atención residencial en Castilla y León, con el objetivo de crear un marco regulador que ampare los derechos de las personas mayores y proteja a quienes les cuidan. Faustino Temprano, Secretario General de UGT ha asegurado que las aportaciones del sindicato tienen “dos objetivos claros: debe amparar los derechos de las personas mayores y debe proteger a las personas que las cuidan. El derecho al cuidado debe estar garantizado desde la JCyL”. Y es que, según la organización sindical: “es responsabilidad de los poderes públicos garantizarlos según las recomendaciones de los expertos y en consonancia con los principios éticos del modelo de AICP que destaca la Junta de Castilla y León y deben ser igual para todos los centros”. De acuerdo a principios “éticos basados en los preceptos de los DDHH”, según ha explicado la Secretaria de Salud Laboral y Política Social de la Organización, el sindicato ha desgranado cada una de sus propuestas comenzando por la necesidad de “garantizar un único modelo de AICP para todos los centros residenciales con criterios claros de aplicación”. Para conseguirlo, en primer lugar, consideran imprescindible apostar por la “profesionalidad de las personas que trabajan en los centros residenciales”, en palabras de Fonsi Bonafonte, Secretaria de Servicios Sociosanitarios, estableciendo cada perfil en base a criterios clínicos, funcionales y sociales porque, “sin manos, no se salvan vidas”. En el mismo sentido, desde el sindicato abogan por una atención integrada y holística. En segundo lugar, la organización sindical ha explicado la necesidad de “establecer unos ratios de personal y recursos que no discrimen ni a los usuarios ni a sus profesionales”, estableciendo, eso sí, diferencias entre lo público y lo privado. El modelo de ACP obliga a elaborar un plan de atención individualizado en sintonía con las necesidades cambiantes de las personas, con nuevos elementos de compensación y de reafirmación a medida que las discapacidades cognitivas aumentan. Por eso, en UGT defienden la necesidad de implementar ratios por diferentes categorías profesionales (personal técnico, atención directa y servicios generales) que se establezcan por jornadas y presencia. Para conseguirlo, consideran imprescindible no reducir plantillas en fines de semana ni festivos y disponer de una persona, al menos, por cada 30 usuarios en las jornadas de trabajo nocturnas. Además, se han referido a la necesidad de atraer y retener a las trabajadoras y trabajadores del sector de acuerdo al cumplimiento de la legislación vigente en la contratación y la disposición de planes de formación profesionales, así como al establecimiento de una política de prevención en los centros residenciales con perspectiva de género. Cabe recordar que la mayor parte de la plantilla del sector está formada por mujeres con una media de edad de 45 años. En la misma línea, propugnan como otra de las particularidades COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL • C/ Gamazo, 13-1ª – 47004 Valladolid – Tel.: +34 983 329 083 – Fax: +34 983 329 035 – http://www.ugtcyl.es del sector, la necesidad de apoyo psicológico para usuarios, familiares y personas trabajadoras con el fin de afrontar el óbito. También, en este sector resulta imprescindible la coordinación sociosanitaria. Por un lado, la salud pública debe repensarse en cómo son los cuidados de larga duración (para atender al 20% de pacientes crónicos que consume el 80% de los recursos sanitarios). Por otro, el envejecimiento en el ámbito rural, la dispersión geográfica y la despoblación requiere que se favorezca la implantación de servicios que permitan la prestación del modelo de “atención integral centrado en la persona”. Por eso, desde UGT CyL proponen que se establezcan mecanismos de coordinación, regulando equipos multidisciplinares. A esta propuesta se suman una serie de sugerencias encaminadas a facilitar la coordinación interadministrativa y la integración y gestión coordinada de todos los recursos. Asimismo, UGT aboga por la creación de las Unidades Geriátricas en las aéreas de salud, el establecimiento del carácter obligatorio de los Consejos de centros residenciales (con participación de residentes, familiares, trabajadores y directores), inspecciones periódicas con la aplicación del modelo AICP, y el establecimiento de los mismos criterios de acceso y compensación económica a los usuarios, si no existen suficientes plazas públicas, en los centros de gestión privada. Para desarrollar todas las propuestas presentadas, desde UGT CyL han defendido la necesidad de un presupuesto y financiación suficiente para aplicar reformas que acabe con la inseguridad laboral y la baja calidad del trabajo en las residencias. En definitiva, tal y como ha sentenciado Tomás Pérez, Secretario Regional de la FESP para concluir: “esta pandemia que estamos sufriendo ha puesto en evidencia muchas cosas. Al principio, se puso el foco mediático en el personal sanitario que fue el baluarte que demostró que vivimos en un estado de bienestar, pero esos aplausos se convirtieron en desprecio público desde la Consejería de Sanidad. La Consejería de Sanidad debe dejar de ver un negocio en las Residencias de Mayores. Asistir y cuidar debe ser un derecho y no deberse a réditos económicos
