El primer año de pandemia ha abierto una importante brecha en la economía doméstica de muchas familias, tal y como revela una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 2.073 personas de entre 25 y 79 años con el fin de valorar la solvencia financiera de los hogares, o lo que es lo mismo, su capacidad para afrontar los diferentes gastos domésticos.
Los datos, publicados en la revista OCU Compra Maestra de abril, reflejan tanto una mejora de la solvencia familiar entre las familias que han mantenido sus ingresos, probablemente como consecuencia de la reducción del consumo y la movilidad (el 55% de los encuestados), como un significativo deterioro entre aquellas familias que sufrieron una reducción igual o superior al 25% de sus ingresos respecto a 2019 (el 24% de los encuestados).
Pero las dificultades económicas no han afectado por igual a todas las regiones. La peor evolución se concentra en dos comunidades autónomas en las que la dependencia del sector turístico es muy grande: Canarias cae al último puesto y se sitúa casi diez puntos por debajo de la media nacional; y Baleares, que en 2019 era una de las mejor situadas en el ranking, se precipita hasta el cuarto puesto por la cola. Entre las mejores destacan La Rioja, seguida de Aragón y Castilla y León, tres puntos por encima de la media.
La encuesta también apunta partidas de gastos relevantes que resultan difíciles de afrontar. Les sucede a un 30% de los encuestados cuando se les pregunta por el pago de los suministros de gas, luz y agua. Y a un 26% cuando se alude a la adquisición de alimentos básicos como la carne y el pescado. Además, acudir al dentista o a la óptica supone un importante esfuerzo económico para el 42% y el 29% de las familias, respectivamente.
OCU pide al Gobierno ayudas directas a los consumidores vulnerables, especialmente en hogares con niños, entre los más afectados según la encuesta; además debería de agilizarse el acceso a otras ayudas que ya existen como el bono eléctrico (y el térmico). La Organización de Consumidores y Usuarios estima que alrededor de 1,2 millones de hogares no disfrutan de esta última ayuda aun cumpliendo los requisitos para recibirla, por lo general por no haber sido informados correctamente de su existencia.
