La polémica con la vacunación de personas que no se encuentran en el primer grupo establecido en el protocolo nacional se está extendiendo a cada vez más sectores, y ya alcanza a al menos 700 ciudadanos, de los cuales la mayoría son políticos, altos cargos, sindicalistas liberados, cúpula militar o informáticos, entre otros. De estos cargos públicos, tan sólo nueve han decidido dimitir y uno de ellos ha sido cesado, por lo que en total diez personas han dejado su cargo por vacunarse cuando no les correspondía.