lunes 26 septiembre, 2022
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Unión Sindical Obrera pide la dimisión de Eder García y Teresa Valdenebro por su gestión del COVID 19

Hoy lunes 1 de junio empiezan a incorporarse a sus puestos de trabajo diversos empleados de la administración general municipal. El equipo de gobierno ha vendido una presunta participación de los agentes sociales en la gestión y planificación de los ajustes laborales del personal municipal, con motivo de la pandemia de la COVID-19, que USO está en la obligación de matizar.

El sindicato ha recordado, mediante escrito dirigido al alcalde, Carlos Martinez, que en fecha 26 de febrero, ante los riesgos evidentes del Covid, este sindicato solicitó a la Sra concejal delegada de personal las medidas más elementales de prevención, que el Ayuntamiento desoyó, malgastando de manera irresponsable más de dos semanas, que lamentablemente tuvieron una traducción en infecciones de diverso personal municipal. USO puso a disposición del Ayuntamiento de Soria su propio plan de actuación, sin haber obtenido contestación alguna por parte de la empresa, como es costumbre.

La concejal Teresa Valdenebro propició, una vez declarado el estado de alarma, una comisión “ad hoc” denominada “comisión Covid”, cómo continuación de un grupo de WhatsApp, que debía servir en principio como escenario de negociación con los sindicatos, forzada por un RD al objeto de pactar la futura recuperación del tiempo de trabajo, impuesta la obligación de no ir a trabajar. Posteriormente este grupo sirvió para canalizar demandas de personal que quería ser útil y poder ayudar, pese a la suspensión de actividad, en tareas relacionadas con la acción preventiva desplegada por los servicios esenciales del Ayuntamiento de Soria, en los que se empotraron trabajadores y trabajadoras de instalaciones deportivas.

Ante la multitud de servicios que venían prestando diversos colectivos municipales, con absoluta extralimitación de sus jornadas de trabajo en muchos casos, el sindicato ha solicitado una relación pormenorizada de los excesos de jornada durante ese periodo temporal concreto, al objeto de evitar arbitrariedades y poder establecer el reconocimiento que corresponda

Convocada por tercera vez la denominada “comisión Covid” y en justa relación a la entrega personal y  altruismo que estaban demostrando los trabajadores de varios servicios esenciales, USO se interesó por si dentro de ese contexto que tanto exigía a algunos, estaba previsto abonar dietas de “tele asistencia” a los concejales implicados en esa denominada “comisión”, que a juicio de USO simplemente no existía.

De manera sorprendente y simultáneamente a la aclaración solicitada por el sindicato, en fecha 7 de mayo se suspendió la tercera convocatoria virtual de la “comisión covid” para convocar en la misma fecha y hora una reunión del Comité de Seguridad y Salud, presumimos que al objeto de que los concejales (que se doblaron en número) pudieran percibir la dieta correspondiente, al objeto de mantener su nivel de rentas durante el periodo de pandemia.

El sindicato ha recordado a Carlos Martinez la ausencia deliberada de Reglamentos de estas comisiones participadas por los agentes sociales, que a mayores de sufrir el trato displicente del grupo de gobierno municipal, no perciben ningún tipo «indemnización», pese al sacrificio personal que padece parte de esa representación, que en muchos casos es convocada en su tiempo libre o de descanso tras la prestación de su servicio.

En el marco de las «relaciones laborales» practicadas por la patronal socialista del Ayuntamiento de Soria, USO ha recordado la continua transgresión del principio del “pacta sunt servanda”, en el prorrogado acuerdo/convenio de personal, firmado en 2014 por UGT, CSIF y CCOO, que tiene su cenit en la inaplicación del denominado “fondo socio-sanitario”, auténtico fraude ante el que callan los firmantes y que afecta a todos los empleados del Ayuntamiento de Soria.

De estos miles de euros destinados a la mejora de prestaciones sanitarias se ignora su paradero, negándose el Ayuntamiento, especialista en vender humo en materia de presunta transparencia, a facilitar certificación alguna sobre su finalidad y paradero desde el año 2014, vulnerando el derecho a la información contenida en el Estatuto de los Trabajadores y en la propia Constitu