INFORMAR, Y BUSCAR UNA SOLUCIÓN A LA ALARMANTE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD LABORAL Y SOCIAL QUE PADECE UNA TERCERA PARTE DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE CASTILLA Y LEÓN POR SU ABUSO DE LA TEMPORALIDAD, ES EL OBJETIVO
La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) se ha dirigido al Presidente de la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, Sr. D. Pedro Antonio Heras Jiménez (G.P. Popular), enviando copia a todos los Portavoces del resto de Grupos Parlamentarios en dicha Comisión (Sras/s. Briones Martínez –G.P. Socialista–, Gago López –G.P. Ciudadanos–, Fernández Santos –G.P. Podemos–, Santos Reyero –Unión del Pueblo Leonés–, Pascual Muñoz –Por Ávila– y Pinacho Fernández –Vox–), solicitando la comparecencia de un representante de USCAL ante dicha Comisión para abordar la necesaria reforma legislativa que permita solucionar la grave situación de la temporalidad entre los empleados públicos de la Administración de la Junta de Castilla y León.
Aunque son más de 70.000 los temporales del conjunto de las AA.PP. de Castilla y León, lo que supone cerca del 30% de precariedad, es especialmente sangrante en sectores esenciales como el sanitario, socio-sanitario y educativo.
En la solicitud de comparecencia, comunicamos y pedimos literalmente al Presidente, Sr. Heras, lo siguiente:
<<Aunque ya conocemos que la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León tiene como principal cometido tratar asuntos parlamentarios que se dirimen en la citada Comisión y que resultaría excepcional permitir la comparecencia de representantes de asociaciones o miembros de sectores extraparlamentarios, nos vemos en la obligación de reiterar nuestra solicitud de comparecer ante la misma para exponer la grave situación de precariedad laboral que se vive entre los empleados públicos de Castilla y León, y que requiere una urgente reforma normativa para buscar una solución acorde a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De nuevo es preciso informarle que las tasas de temporalidad en el empleo público permanecen, en el conjunto de todas las Administraciones Públicas (AAPP) del Reino de España, entre el 25 y el 35%, las más altas de toda la UE. Y superando incluso las cifras de temporalidad de la empresa privada.
En Castilla y León, estas tasas de temporalidad aumentan día a día y se sitúan en los límites más altos del país, siendo los empleados más afectados los de los sectores esenciales: Sanidad, Servicios Sociales, Educación, etc.
Esta situación, además de ser contraproducente para el correcto desarrollo de los servicios públicos está propiciando que miles de trabajadores de Castilla y León estén en continuas movilizaciones y con demandas permanentes reclamando la estabilidad al amparo de la Directiva 1999/70/CE, norma principal en la UE sobre el trabajo de duración determinada.
De hecho, la última sentencia del TJUE, de 19 de marzo de 2020, asuntos C-103/18 y C-429/18, afirma que “cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada, es indispensable poder aplicar alguna medida que presente garantías de protección de los trabajadores efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho abuso, eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión y garantizar en todo momento los resultados fijados por la Directiva”, sin que pueda ponerse en peligro el objetivo o el efecto útil de la Directiva y su Acuerdo marco, que “tiene por objeto evitar la precarización de la situación de los asalariados” y garantizar “el derecho a la estabilidad en el empleo, que se concibe como un componente primordial de la protección de los trabajadores”.
Asimismo, y como ya conoce, está abierta una Mesa de Función Pública (“Empleo Público”) en la que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los representantes de las distintas CC. AA., junto con la Federación de Municipios y Provincias están buscando una solución consensuada que resuelva definitivamente este acuciante problema.
Por ello, y con el fin de colaborar con el Ejecutivo en la búsqueda de esas alternativas, fijar la posición de Castilla y León para la consolidación de los Empleados Públicos en abuso de temporalidad o contratación abusiva y articular los cambios normativos que deberán llevar a efecto las Cortes de Castilla y León,
S O L I C I T U D
La comparecencia de un representante de USCAL ante la Comisión de la Presidencia que usted preside, y si ello no fuera posible organice una reunión con los miembros de la misma que quieran ser informados de la alarmante situación de vulnerabilidad laboral y social que padecen tantos miles de empleados públicos de la Junta de Castilla y León y de las diferentes soluciones que desde USCAL planteamos para fijar la posición de Castilla y León en la Mesa de Función Pública nacional y afrontar las modificaciones necesarias de la normativa autonómica que sería necesario implementar>>.
En estos momentos ya hemos recibido el apoyo de varios grupos Parlamentarios, y estamos a la espera de que el presidente de la Comisión de la Función Pública de las Cortes de Castilla y León nos atienda para evaluar con la misma el conjunto de medidas estructurales que son necesarias para solventar la situación creada a nuestros empleados públicos y satisfagan las exigencias de la Directiva 1999/70/CE, los Reglamentos europeos que desarrollan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
