- Ha asistido una de las hijas todavía viva de este funcionario del Catastro y uno de sus nietos
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha manifestado esta tarde en Soria que la búsqueda, localización e identificación de los restos de personas enterradas en fosas comunes es “un deber moral en una sociedad democrática». Para Barcones, “estamos éticamente obligados a dignificar a las víctimas de la guerra civil y a las víctimas de la dictadura franquista”.
Así lo ha manifestado en los actos de la asociación soriana Recuerdo y Dignidad como homenaje y para la devolución a su familia de los restos mortales de Joaquín Borrego Reyes, el cuarto desaparecido asesinado en La Riba de Escalote.
Estos actos se han celebrado en la plaza de Bernardo Robles de la capital soriana, donde vivía este funcionario del Catastro asesinado el 16 de septiembre de 1936, y se han trasladado después al Centro Cultural Alameda. Se ha rendido también homenaje a los más de 600 sorianos desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.
En la plaza de Bernardo Robles o plaza de Abastos se ha realizado una breve mención a su biografía y en la plaza de Mariano Granados, tras un recorrido de visibilización del asesinato por la céntrica calle de El Collado, se ha hecho entrega de sus restos mortales y objetos personales rescatados en la excavación. Han estado presentes una hija, Manuela, y un nieto de Joaquín Borrego, que también se llama Joaquín.
En septiembre del pasado año, fueron devueltos a sus familias los restos de las otras tres víctimas de la fosa de La Riba de Escalote recuperados por la Asociación Recuerdo y Dignidad.
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Virginia Barcones ha recordado que el Gobierno de España viene convocando ayudas a las entidades locales para la realización de actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática. Estas subvenciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática son para realizar actuaciones en diferentes ámbitos de investigación, recogida de testimonios, prospección, exhumación y análisis de restos.
La delegada del Gobierno ha destacado el «claro compromiso político y moral del Gobierno de España con las víctimas y sus familiares». Este compromiso que mantiene el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde 2018 queda reflejado en todas las ayudas aprobadas por el Gobierno para la recuperación de la memoria democrática, y muy especialmente para exhumaciones.
Barcones ha recordado que en diciembre de 2021 se resolvieron las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, cuya convocatoria para el año 2021 se produjo mediante Resolución de 6 de agosto de 2021.
Las ayudas se acercaron al millón de euros. La asociación soriana para el Recuerdo y la Dignidad obtuvo una subvención para la recuperación y conservación de testimonios audiovisuales sobre las víctimas del alzamiento militar y la guerra civil española.
La delegada ha destacado también que ha habido otras asociaciones o entidades de Castilla y León que han obtenido ayudas para diversos proyectos como el Círculo Republicano Zamorano, la Fundación Jesús Pereda de CC OO de Castilla y León o la Universidad de León, esta última para cuatro actuaciones diferentes.
A estas subvenciones habría que sumar las concedidas en la pasada convocatoria a ocho proyectos de localización, exhumación e identificación de personas enterradas en fosas comunes en Castilla y León y a otros tres proyectos de recuperación de la Memoria Democrática.
De estas once subvenciones, seis fueron distribuidas por la Federación Nacional de Municipios y Provincias y se llevan a cabo en otros tantos ayuntamientos de cuatro provincias: Burgos (2), Zamora, León y Soria (2). En la provincia soriana se está realizando el estudio documental y recogiendo testimonios en el barrio de Las Casas, adscrito al Ayuntamiento de Soria. Y en Renieblas se añade al estudio y testimonios, la prospección, exhumación y análisis de restos.
Estas líneas de ayudas conforman un plan de choque puesto en marcha por el Gobierno en el ámbito de la recuperación de la memoria democrática que revierte la situación que se había creado en 2013, cuando el ejecutivo que gobernaba entonces decidió dejar sin presupuesto las políticas de memoria histórica.
