viernes 20 mayo, 2022
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Virginia Barcones recuerda que este jueves se cierra el plazo para presentar la solicitud de beca del Ministerio

El gobierno de España ha concedido en Castilla y León 23.500 becas no universitarias y 20.515 becas a alumnos que estudian en universidades de la comunidad.

Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, quien recordó, además, que el plazo para solicitar alguna de estas prestaciones termina este jueves 12 de mayo.

Desde el pasado 30 de marzo, fecha en la que se inició el plazo de solicitud, se han recibido ya 985.000, de las que 52.000 corresponden a Castilla y León. Las solicitudes de becas no universitarias de estudiantes sorianos son ya 723. Todas ellas, «herramientas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos», tal y como ha destacado la delegada.

Cambios en el sistema de becas

Así, en los últimos años se han introducido cambios sustanciales como la modificación de los requisitos académicos para que la nota de acceso a estas ayudas sea un aprobado. También se elevó el umbral 1 de la renta hasta prácticamente equipararlo con el de la pobreza, se han incrementado las cuantías fijas en 100 euros y la de la beca básica de FP Básica en 50 euros.

Estas reformas han permitido no solo aumentar el número de estudiantes que reciben una beca sino también las cuantías de las mismas. Se han ampliado los colectivos con derecho a las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que ahora son cinco. Discapacidad, altas capacidades, trastorno grave de conducta, trastorno del espectro autista (incluido en la convocatoria 2020-2021) y trastorno grave de la comunicación y del lenguaje (incluido en 2021-2022).

Presupuesto y objetivos

Según Barcones, “los más de 2.100 millones de euros presupuestados este año para becas servirá para cubrir la entrada de nuevos becarios con motivo de la caída de las rentas derivada de la pandemia. Según nuestras estimaciones, estas ayudas llegarán en España a 200.000 estudiantes más que hace cuatro años. Estamos hablando de alrededor de 980.000”.

«Los datos provisionales del curso escolar en el que nos encontramos indican que los alumnos no universitarios que recibieron beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Castilla y León superaron los 20.000». En Soria fueron casi 600. El importe recibido es de 33,5 millones de euros en el total de la comunidad autónoma y por encima de un millón de euros en Soria.

A estos, hay que sumar otros 3.400 becarios con necesidad específica de apoyo educativo que tienen asignados otros 4 millones de euros en Castilla y León. En este caso, son 112 alumnos de Soria que cuentan con un apoyo de 88.000 euros.

En cuanto a los niveles universitarios hay 20.332 becarios en las universidades de Castilla y León. De ellos, 6.112 son de la Universidad de Valladolid, que cuenta con campus en Soria. En este caso, no se pueden aportar todavía datos relacionados con el importe de la convocatoria de becas de carácter general de los niveles universitarios. Ya que, a día de hoy, no se dispone de los importes de las becas de matrícula que serán compensadas a las universidades. Una vez cerradas sus bases de datos, las universidades comunicarán estos datos.

En el curso 2020-2021, un total de 21.272 becarios universitarios de Castilla y León recibieron 68 millones de euros y 19.947 estudiantes no universitarios recibieron 30,6 millones en becas.

El papel del gobierno autonómico

Virginia Barcones ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. También por el director del Área Funcional de la Alta Inspección de Educación en Castilla y León, Santiago Esteban Frades.

Santiago Esteban ha señalado que “la Constitución española establece en su artículo 149 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de normas básicas para el desarrollo del artículo 27. El que se refiere al derecho a la educación, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia”.

La delegada del Gobierno ha manifestado que “las comunidades autónomas tienen que cumplir lo que regulan los Reales Decretos sobre evaluación y promoción que ordenan las enseñanzas mínimas en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria. Puesto que tienen carácter básico y se dictan al amparo de las competencias que atribuye al Estado la Constitución española”.

Alta Inspección de Educación

La Alta Inspección de Educación tiene la obligación de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Estado en esta materia. De no cumplirse los aspectos básicos del currículo, ha recalcado Barcones, “se recurrirá la norma de la Junta de Castilla y León que los incumpla. Como es lógico en un Estado de derecho”.

“Creo firmemente”, ha continuado, “que es necesaria la cooperación entre las administraciones educativas de las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. Todo ello, para desarrollar competencias tan importantes como la educación. El Gobierno de España siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar”.

Por su parte, Santiago Esteban ha añadido que “la ciudadanía tiene que saber que la propuesta regulada sobre evaluación va en consonancia con las políticas educativas de la Unión Europea. Sobre todo en el tema de las competencias clave, así como con los informes PISA y las propuestas de la UNESCO. El concepto de evaluación global, continua y formativa en la enseñanza obligatoria no es, ni mucho menos, nuevo”.

Enseñanzas mínimas

En lo relativo al currículo y a las enseñanzas mínimas, han manifestado que lo importante es saber cuál es el papel del Ministerio. Cuál es el papel de las comunidades autónomas y cuál es el de los centros educativos.

A juicio del responsable de la Alta Inspección de Educación, “se quiere hacer ver que la legislación del Ministerio impone taxativamente lo que tienen que hacer los centros educativos. Y no es así. El Ministerio se limita a publicar la norma que sirve de marco al currículo. Al conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un determinado título académico. Pero luego lo tienen que desarrollar las comunidades autónomas, que tienen una competencia de desarrollo del currículo del 40%, que pueden interpretar de manera diferente”.

“No quiero decir”, ha señalado, “que necesariamente tengan que añadir un 40% de contenido. Pueden especificar o hacer énfasis en algunas de las cosas que se señalan como enseñanzas mínimas”.