Yolanda de Gregorio: “Tenemos que llamar a todas las puertas, es momento de tender la mano y trabajar conjuntamente para la Junta de CyL”

         

Francisco Vázquez, Secretario Autonómico del Partido Popular en Castilla y León, y Yolanda de Gregorio, Presidenta Provincial del PP en Soria, han ofrecido esta tarde la primera rueda de prensa presencial desde que se proclamó el Estado de Alarma. La Delegada Territorial ha querido, en primer lugar, felicitar a la Junta y a la Diputación Provincial por haber trabajado por y para los sorianos. “Nosotros no hemos hecho populismos, hemos trabajado”, apuntaba De Gregorio. Ha aprovechado para anunciar que han puesto en marcha un programa de recolección de alimentos para las personas más vulnerables, con punto de recogida en la sede del PP de Soria.

     

“Tenemos que llamar a las diferentes puertas, a todos los partidos de la provincia, es el momento de tender la mano y trabajar conjuntamente en la Junta de CyL, en la Diputación y en todos los municipios en los que gobierne el PP”, añadía. “Antes teníamos unas necesidades pero ahora tenemos otras, y cualquier persona que tenga un proyecto provincial, local o nacional, vamos a tenderles la mano”, concluía De Gregorio.

Por su parte, Francisco Vázquez ha querido recalcar la importancia del pacto de recuperación económico que ha firmado la Junta de Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza. “Es un ejemplo para todos nosotros porque se ha comprometido con esta provincia”, añadía. Además, ha recordado que CyL es la primera comunidad autónoma en firmar un pacto de estas características, y que no es simplemente una declaración de intereses sino un compromiso concreto para las próximas fechas. “Hemos demostrado en CyL que el diálogo ha vencido a al crispación”.

Este pacto se rige por cinco ejes, los cuales pretenden fomentar el empleo y la conexión social. Estará dirigido por un grupo de expertos encargados de informar de la situación real a los ciudadanos y también para aportar soluciones claras. La principal característica es que es fruto del acuerdo de todas las fuerzas políticas y que se ha llevado a cabo en tiempo récord.

Constará de cinco ejes, el primero de ellos en materia sanitaria. Aportará medidas sanitarias con criterios de calidad y equidad, además de la creación de un fondo extraordinario de 250 millones de euros para paliar los efectos para reforzar la sanidad primaria con contratación de personal y suministros sanitarios, refuerzo de UCI, unidades medicalizadas para las provincias y de trajes de protección individual. Castilla y León se ha comprometido a garantizar que, como mínimo, un 7% del PIB irá destinado a sanidad en nuestra comunidad.

En segundo lugar, en materia de recuperación económica y empleo. Dotar de liquidez a los autónomos y PYMES, un nuevo fondo de recuperación económico para empresas y un plan de promoción industrial, además de una ayuda de 25 millones de euros para el sector agroalimentario. “Entre los objetivos está el procurar que sean nuestras empresas las que fabriquen el material sanitario”, apuntaba. También incluye la extensión universal de la banda ancha en el medio rural, prevista que sea efectiva en menos de año y medio.

El tercer eje aborda la la protección social. Se prevée la revisión del modelo de atención residencial con un plan de insercciones anuales y la incorporación de las nuevas tecnologías, y que al menos el 25% sean de responsabilidad pública. Aumentarán en un tercio las plazas de comparecencia socio sanitaria.

En materia educativa, abordar la brecha digital. Ayudas directas a las familias más vulnerables pero también rebaja de tasas universitarias así como una convocatoria extraordinaria de becas.

En cuanto a la financiación, hablamos de un fondo de 80 millones extraordinario para las corporaciones locales para cubrir gastos ocasionados por la pandemia. Entre las reivindicaciones está la de flexibilizar el déficit y la deuda para que esas cantidades puedan ser utilizadas por las corporaciones locales y las comunidades, que este poder recaiga sobre todas las administraciones y no sólo por la del Estado. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1100 millones de euros.