El subdelegado destaca el compromiso político y moral del Gobierno de España con las víctimas y sus familiares recuerda que todas las instituciones tienen que cumplir la Ley de la Memoria Democrática
Recuerdo y Dignidad y Aranzadi continúan con la labor de encontrar a personas desaparecidas, asesinadas y enterradas clandestinamente durante la Guerra Civil y el franquismo
Esta mañana se ha iniciado la exhumación de los cuerpos de una fosa común de Adradas en las que estarían, según los datos recopilados por la asociación memorialista Recuerdo y Dignidad, cuatro civiles asesinados en octubre de 1936. Eran Estanislao Gil Guerrero, maestro de Aguaviva de la Vega; Juan García Gutiérrez, concejal de Iruecha; el hijo de Ángel Sanz Sanz, sillero de Arcos de Jalón, y un médico de la localidad arcobrigense. El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha estado presente en estos trabajos de exhumación.
Los restos encontrados en las prospecciones que se llevaron a cabo el pasado mes de julio habían sido recogidos por la Policía Judicial de la Guardia Civil a instancias del Juzgado de Instrucción de Almazán. Estas labores de exhumación, que se realizan a petición de los familiares de personas desaparecidas, asesinadas y enterradas clandestinamente durante la Guerra Civil y el franquismo, las lleva a cabo Recuerdo y Dignidad, de la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
El lugar exacto en el que se encontró esta fosa común es en un camino de Alcubilla de las Peñas, a la altura del kilómetro 172 de la antigua carretera nacional N-111.
EXHUMACIONES
El Gobierno de España viene convocando ayudas a las entidades locales para la realización de actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática. Estas subvenciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática son para realizar actuaciones en diferentes ámbitos de investigación, recogida de testimonios, prospección, exhumación y análisis de restos.
Según ha destacado Miguel Latorre, “está claro el compromiso político y moral del Gobierno de España con las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura posterior y la voluntad decidida de situar a las víctimas de la guerra y la dictadura en el centro de las políticas públicas de memoria. Todo ello con el objetivo de reparar cuanto antes el dolor de quienes llevan décadas intentando recuperar los restos de sus seres queridos para darles una digna sepultura”.
El subdelegado ha manifestado también que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática deja claro en su artículo 35 lo que se consideran símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática (edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas, topónimos…) y ha pedido la colaboración de las administraciones públicas: “Todas las instituciones tienen que cumplir la ley”. El artículo 37 se refiere al procedimiento de retirada o eliminación de estos elementos contrarios a la memoria democrática.
