Castilla y León se suma al rechazo de otras CCAA por el diseño impuesto por Trabajo en la finalidad de los fondos de Recuperación y Resiliencia

         

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha manifestado hoy la disconformidad de la Junta de Castilla y León con el destino de los fondos de Recuperación y Resiliencia para políticas de empleo que ha planteado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Una postura que han compartido los responsables de empleo de las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid por entender que se invaden las competencias autonómicas para el diseño de las políticas activas de empleo.

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha participado hoy en la LXXX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, donde ha defendido, junto a las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía, Madrid y la Región de Murcia la necesidad de respetar las competencias autonómicas en el diseño de las políticas activas de empleo. En esta conferencia se ha analizado los Fondos de Recuperación y Resiliencia.

     

El principal tema tratado en la reunión ha sido la distribución de 687,75 millones euros de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el diseño “impuesto” por el Gobierno de España para que estos sean destinados a una relación de destinos funcionales concretos. Los consejeros de estas cinco comunidades autónomas han mostrado su rechazo a esta invasión de competencias, puesto que su participación en la propuesta ha sido puramente testimonial.

Los representantes de estos gobiernos autonómicos han querido remarcar que son las comunidades autónomas las que poseen las competencias sobre las políticas activas de empleo, ya sean servicios de empleo, incentivos para el empleo y formación para el empleo. Por tanto, son las comunidades autónomas las que tienen que diseñar cualquier política activa de empleo.

Los gobiernos de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Murcia y Madrid muestran su desacuerdo al comportamiento del Ministerio de Trabajo, al igual que el de Educación, al tratar a las comunidades autónomas como meras ejecutoras de las líneas de subvención elegidas de forma unilateral por estos ministerios, cuando son las comunidades autónomas las encargadas de su gestión. Denuncian, por tanto, que se impongan los destinos funcionales de los fondos de Recuperación y Resiliencia, en muchos casos coincidentes con políticas ya existentes en nuestro ámbito y en su mayoría siendo imposibles de automatizar los procesos de aplicación sin, además, incorporar recursos suficientes para hacerlo en tiempo y forma.

Asimismo, han denunciado la opacidad en el reparto de los fondos, ya que solo se conoce que de los 70.000 millones que recibirá España, 19.000 millones irán a parar a las comunidades autónomas, sin que se haya dado a conocer los criterios con los se van a asignar los 52.000 millones restantes, que suponen casi 3 de cada 4 euros de la totalidad de fondos que recibirá España.

Los representantes de los gobiernos autónomos lamentan, por tanto, que se traslade a las comunidades autónomas toda la responsabilidad del éxito de las medidas sin que hayan podido participar en su diseño, ya que simplemente han estado presentes en algunas reuniones informativas previas.

Del mismo modo, advierten que la fórmula utilizada incorpora un elevado riesgo de no poder ser puestas en práctica, además de no cumplir con los objetivos buscados de mejorar la empleabilidad de las personas y mejora de la productividad de las empresas dentro del contexto de una economía más verde y digital marcado por la Unión Europea.

El comportamiento de ambos ministerios en la correspondientes Conferencias Sectoriales de Empleo y Formación Profesional para el Empleo son una muestra más del desplegado habitualmente por un Gobierno de España que no respeta la distribución competencial del Estado de las Autonomías, ni atiende a la indicación de la UE para que las comunidades sean partícipes del diseño de los proyectos a los que se destinan los fondos.

La Consejera de Empleo e Industria ha insistido especialmente en la rigidez de la propuesta que no permite adaptar los programas y los fondos a las necesidades y potencialidades reales de cada territorio. Así mismo, ha remarcado que supone un incremento de la carga administrativa que dificulta la tramitación y encarece la gestión.