La Administración General del Estado ha publicado una nueva subasta pública para la enajenación de un inmueble de titularidad estatal situado en el número 4 de la plaza San Pedro de Almazán con vuelta a la calle Campanario. Está valorado en 120.270 euros y está libre de cargas.
La subasta está promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La operación se inscribe dentro del marco legal de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, conforme a lo establecido en la Ley 4/1986, de 8 de enero.
Se trata de un edificio de oficinas con sótano, inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 de Almazán. Los edificios que fueron patrimonio sindical acumulado son inmuebles que pertenecieron a la Organización Sindical Española durante el franquismo. Tras la Transición, este patrimonio fue disuelto y regulado por la Ley 4/1981, de 1 de marzo, del patrimonio sindical acumulado. Desde entonces, su destino ha estado regulado por distintas normas y procedimientos.
Parte de este patrimonio que no ha sido cedido gratuitamente a los sindicatos u organizaciones empresariales, se vende o desafecta para otros usos, si no existía interés público o sindical en mantenerlo. Estos procesos deben ajustarse a la normativa de patrimonio del Estado y requieren informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El edificio, que no es visitable, se pone en venta al no haber sido solicitado para uso por parte de los agentes sociales y por carecer en la actualidad de una utilidad pública definida.
La subasta se tramita por vía electrónica a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado, al que pueden acceder todos los interesados con capacidad legal para contratar. El enlace oficial es: https://subastas.boe.es/detalleSubasta.php?idSub=SUB-GA-2025-2807100125005
Los interesados pueden presentar sus ofertas bajo las condiciones estipuladas en el pliego correspondiente.
La propiedad se clasifica como bien inmueble (otros), sin especificar un uso residencial o comercial concreto, aunque se destaca su anterior utilización como oficinas administrativas.
Esta medida se enmarca en las políticas de optimización y racionalización del patrimonio público impulsadas por el Gobierno de España, orientadas a mejorar la eficiencia en el uso de inmuebles estatales, generar ingresos públicos y poner a disposición del mercado bienes infrautilizados.
La iniciativa responde también al objetivo de dar destino a los activos procedentes del patrimonio sindical acumulado, en cumplimiento del mandato legal de su reintegración en el dominio público estatal o su venta conforme a criterios de interés general.
El procedimiento se ajusta a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y su reglamento de desarrollo. Se trata de una subasta al alza, con un valor mínimo igual al de tasación. El importe del depósito exigido para participar asciende al 5 % del valor del bien, es decir, 6.013,51 euros, y deberá constituirse electrónicamente a través de la sede de la Agencia Tributaria.
Los tramos de puja serán de 4.209,46 euros, y la subasta permanecerá abierta durante 20 días naturales desde su apertura electrónica, que tendrá lugar 48 horas después de la publicación del anuncio (28 de junio). En caso de puja en la última hora, el sistema ampliará automáticamente el cierre durante un máximo de 24 horas para garantizar la igualdad de condiciones entre postores.
