La Junta de Castilla y León, a través de la dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, ha informado favorablemente la creación del Juzgado de Primera Instancia Nº 10 de Salamanca y la creación de una plaza más de magistrado en las Audiencias Provinciales de León y de Ávila, por entender que son necesarias para resolver los problemas generados por la crisis en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia, canalizando el previsible incremento de la litigiosidad, pero haciendo constar a la Administración de Justicia del Estado que esta programación no puede ir en detrimento de la necesidad estructural de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales que son precisos y necesarios, especialmente en la ciudad de Palencia y Segovia.
En el informe que da contestación a la petición del Ministerio de Justicia, el director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, señala que la competencia sobre la Administración de Justicia y, por tanto, en lo referente a la organización de las demarcaciones territoriales y revisión de la planta de juzgados y tribunales, es exclusiva del Estado, pero con la participación de las Comunidades Autónomas, requiriéndose, de forma específica, para la modificación del número y composición de los órganos judiciales, el informe previo de la Comunidad Autónoma afectada.
Aunque la solicitud del Ministerio debería explicar los motivos y fundamentos en que se justifica la ampliación propuesta, indica el director de la Junta que “esta Comunidad Autónoma desconoce, en el momento presente, la justificación que subyace en la elección de las unidades que ahora se crean”.
Además, en el citado informe del director se advierte que, en virtud de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988, para la creación de Secciones y Juzgados se tendrán en cuenta, preferentemente, el volumen de litigiosidad de la circunscripción. Por ello, la dirección de los Servicios Jurídicos pone la atención en la falta de información y documentación por parte del Ministerio que hagan referencia a los datos de litigiosidad que soportan las circunscripciones en las que se proponen la creación de juzgados.
En su argumentación, como necesidades futuras más apremiantes que también precisa Castilla y León, González Gago señala que se precisa la creación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Palencia, necesidad que se ha venido reiterando a lo largo de los últimos años en las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin que hasta la fecha se haya procedido a su creación, y pese a que en el año 2019 desde el Ministerio de Justicia se propuso su creación, que fue informada favorablemente por la dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta, y sin embargo no salió aprobada en la norma de creación de Juzgados correspondientes a la programación de ese año.
Además, para el director de los Servicios Jurídicos, y si hay que atender al criterio del aumento de la judicialización de casos, llama la atención el hecho de que no se proponga la creación de un nuevo Juzgado de lo Social en Segovia, ya que la situación de este orden jurisdiccional se ha visto agravada, tras la crisis económica generada por la pandemia, por el incremento experimentado en el volumen de asuntos en el único Juzgado de lo Social existente en la citada provincia, tratándose de un ámbito en el que es previsible que se produzca un considerable aumento como consecuencia primero del confinamiento -con la imposibilidad de celebrar juicios-, y después de la crisis económica derivada de la pandemia, siendo ilustrativo el número de solicitudes de ERTES en la provincia.
Por último, el director de los Servicios Jurídicos indica en el informe que “es preciso señalar que las unidades que se van a crear pretenden aliviar la acumulación de litigios derivada por la crisis sanitaria, pero esto no puede obviar las necesidades ya existentes de la Comunidad en todos los órdenes jurisdiccionales, en los cuales es necesaria la creación de nuevas unidades, conforme se pone de manifiesto en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León correspondiente al año 2020”.
