La Consejería de la Presidencia ya ha dado luz verde para comenzar a ejecutar los 27 proyectos de cooperación internacional concedidos durante el 2022. De esta manera, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco inicia el año con un apoyo decidido en esta materia. Estas intervenciones, que beneficiarán a alrededor de 255.000 personas –de las que 146.000 son mujeres y más de 109.000 hombres–, van a suponer una inversión de 3,6 millones de euros.
Las iniciativas van a desarrollarse en once países de tres continentes: Burkina Faso, R.D. del Congo, Guinea Bissau, Tanzania, Senegal, Bolivia, Perú, Nicaragua, Guatemala, el Salvador e India. Los proyectos aprobados pueden tener una duración máxima de 24 meses y son implementados por Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de Castilla y León junto con socios locales, es decir, entidades de cada una de las zonas donde se va a trabajar, con el objetivo de que sean más eficaces y adaptados a las necesidades de los colectivos a los que se dirigen.
Normalmente esos grupos poblacionales son los más vulnerables. De ahí que se dedique una especial atención a las mujeres en situación de pobreza, niños, población campesina y personas desplazadas. También hay que señalar que, tanto en los proyectos de la zona sur de América como en los de África y en India –único país asiático en el que se interviene– se establecen, como colectivo beneficiario, las comunidades indígenas y rurales por su vulnerabilidad en comparación con las del resto de la población.
Según indica el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, “la Junta abona en tiempo y forma los pagos a las ONGDs porque, para el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, las políticas de apoyo a las personas más vulnerables son esenciales. El trabajo que se realiza junto con las ONGD está dirigido a conseguir un presente y un futuro más equitativo, más respetuoso y más sostenible, y para dar cumplimiento a derechos humanos básicos, como la educación, la salud, la alimentación, el acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento, o a la necesidad de tener una vida digna. El enfoque de género, entendido como la atención preferente a mujeres y niñas en contextos todavía más complicados a los habituales en estos países, adaptando ciertas acciones a sus necesidades específicas, se plantea como un requisito imprescindible para obtener financiación en esta convocatoria”.
En este sentido, el compromiso de la Junta se ve reflejado en el presupuesto para 2023, puesto que se ha incrementado la partida de cooperación internacional un 25 %, hasta situarse en los seis millones de euros.
Diferentes ONGD implicadas
En las convocatorias de 2022 se han financiado proyectos a 18 ONGD, de las que cuatro son originarias y con implantación única en Castilla y León, que ya habían desarrollado con anterioridad proyectos financiados con por esta administración, tales como Amycos y Proyecto Rubare –de Burgos– o Cives Mundi y Tierra sin Males –con presencia en Soria–. El resto cuentan con delegación en alguna provincia de Castilla y León, siete de ellas con gran presencia nacional, como Fundación Fabre o Trabajo Solidario, y siete de ámbito internacional, como Cruz Roja, Farmamundi o Fundación Musol.
Distribución geográfica y sectorial
Los proyectos en África se han centrado especialmente en garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento, la seguridad alimentaria y los equipamientos sanitarios básicos. Las intervenciones en Centroamérica también se han focalizado especialmente en el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria, igual que en Sudamérica donde, además, se aborda el derecho humano a la educación y el derecho a la alimentación. Las actuaciones en India han incidido en garantizar el derecho a una vivienda digna.
Los países con más proyectos en desarrollo son Bolivia, con seis, y Senegal y Perú, con cuatro cada uno de ellos.
El mayor porcentaje de intervenciones concedidas lo concentran los proyectos para garantizar el derecho al acceso al agua potable y el saneamiento, con un 44 % de la financiación. En concreto, cuatro de las actuaciones son en América del Sur, tres en América Central y Caribe, y tres en África Subsahariana.
Dos bloques diferenciados
En el primer apartado se encuentran aquellos proyectos que son aportaciones complementarias a procesos de desarrollo y que ya llevan muchos años en marcha, como por ejemplo, la reconstrucción de muros perimetrales de centros educativos; adquisición de equipamientos para hospitales; rehabilitación de pozos; construcción de letrinas y lavamanos, o la compra de vehículos para que las comunidades que ya tienen garantizada su alimentación puedan conseguir recursos económicos a través de la venta de los excedentes.
En un segundo apartado, estarían los proyectos integrales, de mayor envergadura a nivel sanitario, agrícola o de sistemas de agua y saneamiento, de construcción de viviendas, de transformación y comercialización de alimentos.
En todo caso, la Junta de Castilla y León apoya económicamente los proyectos que cumplen estrictos criterios, tanto por parte de las entidades que van a recibir los fondos y gestionar las intervenciones, como de los proyectos en sí, haciendo un seguimiento pormenorizado de los resultados esperados en cada caso.
Como ha explicado Carnero, “todos los proyectos están destinados a cubrir necesidades básicas en países con índices de desarrollo bajos, que se sustenten en el tiempo y puedan avanzar por sí mismos después de la realización de las actividades; es lo que se denomina sostenibilidad de los proyectos, ya que el objetivo principal es impulsarles hasta que ellos puedan ser autosuficientes”.
Y al mismo tiempo ha añadido que “la ciudadanía de Castilla y León constantemente deja patente su sentido de la solidaridad y puede sentirse orgullosa de la cooperación internacional que se lleva a cabo desde la Junta por su calidad y eficacia. Por eso, como política pública que consideramos fundamental, hemos aumentado el presupuesto para esta finalidad en 2023 hasta los seis millones de euros». El consejero ha agregado que ya se ha empezado a trabajar con nuevos programas en colaboración con las universidades públicas, las entidades locales y el sector empresarial, así como en el de protección de personas defensoras de derechos humanos.
Al mismo tiempo, se lanzarán durante el primer cuatrimestre las convocatorias de voluntariado paralizadas los años anteriores por el COVID y que vuelven a ser las más demandadas.
