viernes 19 agosto, 2022
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Mañana se harán concentraciones de interinos frente a Subdelegaciones de Gobierno

Miércoles 30 de junio (12:00 h), los trabajadores públicos en abuso de temporalidad de las administraciones de Valladolid, Soria, León y Burgos, con el apoyo de la Plataforma de Trabajadores Temporales Públicos de Castilla y León, se movilizan concentrándose frente a las Subdelegaciones de Gobierno.

Al mismo tiempo, hay convocadas en toda España, concentraciones en provincias de todas las Comunidades Autónomas frente a las subdelegaciones de gobierno, Consejerías con competencias en empleo público y frente al Palacio de la Moncloa.

LOS TRABAJADORES PÚBLICOS EN ABUSO DE TEMPORALIDAD SE CONCENTRAN FRENTE A LAS SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO EN TODA ESPAÑA PARA HACER LLEGAR AL MINISTRO ICETA UNA NOTA CON SU DESACUERDO POR LAS MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN PROPUESTAS EN EL ÚLTIMO BORRADOR QUE SE HA HECHO PÚBLICO Y QUE SE ESTÁ NEGOCIANDO CON LAS CCAA, LA FEMP Y LOS SINDICATOS MAYORITARIOS.

En la nota a Iceta los interinos de toda España argumentan su rechazo a las líneas de actuación del Ministerio de Función Pública porque no cumplen el objetivo de la citada Directiva de protección del trabajador frente al abuso y su reparación. Y le recuerdan que todas sus propuestas llevadas a mesa de negociación e incluso llevadas a Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no cumplen con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ya ha advertido a España en repetidas ocasiones su incumplimiento y de la falta de medidas acordes con la normativa europea.

El ministro Miquel Iceta pretende resolver por la vía de urgencia, en unas pocas semanas, un grave problema enquistado en las Administraciones públicas que lleva 21 años sin solución en España, por no haberse traspuesto en el Sector Público la Directiva 70 del año 1999 sobre el trabajo de duración determinada, pero que, sin embargo, si se traspuso al Estatuto de los Trabajadores en el año 2001 y por el que se está detectando el fraude en la contratación en la empresa privada. El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a tener lista, antes del mes de julio, la modificación del Estatuto Básico del Empleado público (EBEP) con medidas para disminuir la tasa de temporalidad en el Sector público del 30% actual al 8%, pero también es consciente de que la Comisión tiene abiertos varios procedimientos de infracción contra el Reino de España por este tema y que no liberarán más fondos de ayuda si las medidas propuestas por España no se ajustan al Derecho Comunitario.

En el borrador únicamente se hace referencia a la estabilización de plazas, no de personas, mediante procesos selectivos “de estabilización” que valoran un 40% los méritos de años de trabajo si se superan todos los ejercicios del concurso. Según un informe de UGT Valencia de esta misma semana, que la ejecución de estos procesos de las convocatorias de 2017, 2018 y 2019, están dejando en la calle en esta Comunidad, sólo en el primer ejercicio al 85% de los opositores (tanto interinos como de nuevo acceso), debido a la dificultad de los exámenes, por lo que UGT está avisando de que la propuesta de los procesos de estabilización para conseguir la disminución de temporalidad es un fracaso y sólo conseguirá incrementar la tasa de paro de larga duración, dejando los servicios públicos en una situación todavía más precaria.

Pero lo más grave es que la propuesta de procesos de estabilización de Iceta incumple las últimas  Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de marzo (apartados 97 a 101) y la más reciente de 3 de junio, que rechaza los procesos selectivos para el personal abusado, fuera del plazo de 3 años que ya establecía el artículo 10 y 70 del EBEP, plazo que se ha venido incumpliendo por los gestores públicos y que incluso ha obligado a cambiar la jurisprudencia seguida hasta el momento por el Tribunal Supremo. Su propuesta choca frontalmente con el Auto del 2 de junio (apartados 43 a 47), que deja meridianamente claro que ningún proceso selectivo de libre concurrencia y de resultado incierto es una medida de sanción contra el abuso de temporalidad de las administraciones públicas, porque no garantizan la estabilidad de las víctimas del abuso, objetivo último de la Directiva europea.

Ayer mismo la Sala de lo Social del Tribunal Supremo publicó en los medios una nota sobre su cambio de jurisprudencia a instancia de la Sentencia del TJUE del día 3, en la que establecía como novedad, el reconocimiento del abuso al personal público que lleve 3 años en la administración cubriendo necesidades permanentes con contratos temporales;  pero que regresa a la jurisprudencia de los años 90 en la que el Supremo estableció la figura del INDEFINIDO NO FIJO para asignarla al personal laboral víctima de abuso y que conlleva una indemnización por cese de 20 días por año trabajado.

Esta figura del Indefinido no fijo, tal como está planteada es rechazada por el TJUE en el apartado 102 de su sentencia del 19 de marzo, porque no es una medida sancionadora acorde con el objetivo de estabilidad de la Directiva 99/70 ya que está sujeta a procesos selectivos, que además de convocarse fuera del plazo legal para el personal en abuso, pueden llevar al cese del indefinido no fijo, aunque recibiera una indemnización por cese, que también ha sido rechazada por el TJUE por no ser una sanción suficientemente disuasoria si no va reforzada con una indemnización al abuso por daños y perjuicios.

La presidenta emérita del Tribunal Constitucional, Dña. Emilia Casas, en un informe jurídico que está en manos del Gobierno (conclusión 11) coincide en que la figura propuesta por el Supremo del indefinido no fijo no tiene recorrido jurídico al ser rechazada por el TJUE,  ya que el trabajador no deja de ser un empleado temporal en abuso y sin estabilidad, y sólo sería una medida acorde con la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva, si el sentido de esta figura del Supremo fuera “Indefinido a extinguir”, es decir sujeto a las mismas causas de cese que los funcionarios fijos comparables.

Por el momento, las Comunidades Autónomas pidieron más tiempo a Iceta para estudiar las propuestas planteadas, porque son conscientes de que el incumplimiento del Gobierno con medidas contrarias a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo, les arrastrará también a ese incumplimiento que puede tener como consecuencia sanciones por parte de Europa, en forma de multas o de recortes de ayudas que afectarían a sus arcas públicas, además de demandas penales o de responsabilidad patrimonial de los trabajadores afectados y por otra parte, perderán la experiencia y formación de sus empleados públicos de larga duración, lo que tendrá consecuencias negativas en la calidad de la prestación de los servicios públicos y una repercusión negativa en la economía de Ayuntamientos y Gobiernos autonómicos a consecuencia del aumento del paro y de los gastos sociales de miles de familias.

Los Consejeros y Directores Generales de Función Pública autonómicos le han pedido a Iceta que en la modificación del EBEP se introduzca una base jurídica que les permita estabilizar a sus empleados públicos en situación de abuso, más aún cuando la conversión en indefinido mediante procesos restringidos de resultado cierto o la figura del indefinido a extinguir, no supondría ningún coste a sus administraciones y garantizaría el cumplimiento del Derecho de la Unión, prevalente incluso sobre la Constitución Española, tal como establece el TJUE  en su sentencia del 11 de febrero de 2021.

Se adjunta la nota dirigida al ministro Iceta y que será registrada y entregada a los Subdelegados provinciales.