El día de la Marmota, pero con el “animalito” más engordado. Es el pan nuestro de cada año. Como ver la misma película, una y otra vez, sólo que con “actualización del IPC”. No vaya a ser que caduque.
La Junta de Castilla y León, liderada por su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, lo ha vuelto a hacer. Incrementa la ayuda -ya desorbitada- a Radiotelevisión de Castilla y León, una empresa que es privada, pero que cada año se riega con más de 21 millones de euros de dinero público, a pesar de entrar al mismo tiempo en la competencia de la publicidad. Es decir, sus equipos comerciales continúan haciendo negocio con las empresas locales distribuidas en cada provincia -a través de la venta de publicidad-.
Pero eso parece no ser suficiente. Una vez más, el ente privado audiovisual exige más retribución a la administración autonómica, cuyos ingresos provienen del bolsillo de los ciudadanos.
Mientras al resto de medios de comunicación privados se les priva -valga la redundancia- de este tipo de subvenciones, se les obliga a competir en el mercado de la publicidad, del que Radiotelevisión Castilla y León se lleva una de las partes más importantes. De este modo, ni actúa como lo que es -un ente privado- al recibir tan cuantiosa subvención; ni lo hace como medio público -porque sigue vendiendo publicidad y sus trabajadores no entran por oposición-, aunque los millones con los que se riega hagan pensar que es un ente público. Nada más lejos de la realidad.
En total, se ha aprobado una subvención de la friolera de 47,9 millones de euros que Radiotelevisión de Castilla y León recibirá tan sólo en 2025 y 2026. Y todo ello, a pesar de que, según ha denunciado el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea -que ha sido el único de la Comisión que ha votado en contra-, se incluye el periodo relativo al año 2026, justo cuando expira la concesión de la televisión. En palabras del propio Igea, «no se puede resolver un conflicto laboral de una empresa con dinero público».
Además, el procurador del Grupo Mixto ha mostrado sus «serias dudas de que esta aprobación sea legal».
Pero expliquemos lo que ha sucedido en esta ocasión -una más de tantas-.
¿Cuándo ha sucedido?
Al acuerdo se ha llegado en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la TDT -de la que no existe ningún tipo de registro documental audiovisual ni en la página web de la Junta de Castilla y León, ni en la mediateca de las Cortes, mientras que otras comisiones sí se graban-.
Se celebró el pasado viernes, 6 de junio de 2025. Ese ha sido ‘el día D’.
Curiosamente, la cita se ha convocado justo la jornada laboral anterior a la celebración de la Comisión parlamentaria que tiene como objetivo debatir la Ley de Publicidad Institucional.
¿Cómo se ha llegado a esta Comisión?
No son nuevas las protestas que los trabajadores de Radiotelevisión Castilla y León han llevado a cabo en las diferentes provincias de la Comunidad. Piden unas mejoras en las condiciones laborales que, a pesar de los cuantiosos incrementos de la subvención, parece que no llegan.
Las redacciones han mantenido varias jornadas intermitentes de apagones informativos a lo largo de los últimos meses en provincias como la de Soria, aunque no ha sido la única, ya que en Valladolid o Salamanca -por poner algunos ejemplos- también se han replicado.
¿Y dónde se han manifestado en Valladolid los empleados de la televisión privada de Castilla y León? Ni más ni menos que a las puertas de la Junta de Castilla y León, a la que directamente le reclaman la subida salarial.
Evidenciando, una vez más, que esta empresa privada trabaja como un ente público pagado con el bolsillo de los ciudadanos.
Los protagonistas (y los ausentes)
En esta reunión estuvo presente Jorge Losada el director general de Radio Televisión Castilla y León, junto con los directores de Comunicación y de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta, el presidente de la Comisión, Luis Miguel González Gago, y representantes del Partido Popular, Partido Socialista, Unión del Pueblo Leonés, Soria, ¡Ya! y el grupo mixto.
A la Comisión no han acudido otros gerentes de televisiones privadas de Castilla y León, a los que no se les ha invitado, pero sí que se les obliga a asumir una subida salarial en sus convenios que tiene que salir de su propio bolsillo -mientras que el incremento salarial de los trabajadores de Radiotelevisión de Castilla y León lo asume la Junta, directamente, a través de una subvención que pagan los castellano-leoneses con sus impuestos-.
La subvención: ¿Cuánto le va a costar al bolsillo de los castellanos y leoneses?
Tal y como recoge la propia nota de prensa difundida por la Junta de Castilla y León y a la que se puede acceder haciendo click aquí, «desde el año 2023 la empresa concesionaria de la TDT ha venido percibiendo una subvención anual del Gobierno autonómico de 21,3 millones de euros. Ahora, se ha propuesto por la Comisión que la ayuda en el año 2025 pase a ser de 23,4 millones de euros, a la que habrá de sumarse, por una sola vez en concepto de atrasos por la no actualización en el año 2024, casi 1,1 millón de euros más. También se ha propuesto la ayuda para el próximo año 2026, que será, de igual forma, de 23,4 millones de euros».
Esta última ayuda, la del año 2026, se ha propuesto aparentemente sin tener en cuenta que ese mismo año expira la concesión de la licencia que Radiotelevisión Castilla y León tiene para operar.
Resultado de los votos y reacciones políticas
El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha sido el único de la Comisión que ha votado en contra.
El resto, han sido votos a favor del incremento de la subvención: la propia Junta de Castilla y León ha sido favorable con 3 votos, el Partido Popular con uno, el Partido Socialista con otro y Soria, ¡Ya! con uno más. VOX no acudió a la cita.
Por su parte, Francisco Igea ha mostrado su malestar poniendo sobre la mesa la incertidumbre de que esta subida se ajuste a la legalidad. Además, ha denunciado que en la reunión ha faltado documentación económica por parte de la empresa y que las cifras que se han dado sobre la audiencia no son reales.
‘Necesidades de interés público’
Los estudiantes se han enfrentado estos días a la EBAU. A nadie se le escapa que muchos de ellos “tiran” de ChatGPT para “estudiar”. Textos de copia y pega, adaptados a sus necesidades. Algo así como las notas de prensa de la Junta de Castilla y León sobre la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT). Uno puede hacer un sencillo ejercicio de poner en un motor de búsqueda el nombre de la comisión, y podrá ver, por ejemplo, las notas de prensa de los últimos tres años.
En ellas se cita “necesidades de interés público”, “condiciones de financiación” o “contribuir al fortalecimiento de la identidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León”, entre otras justificaciones. Alguna frase tendrá que colar para razonar una subvención millonaria del erario público a un medio privado.
Y ahora, ¿qué?
Bien, tenemos unos redondeados 23,4 millones de euros. Vamos a ser buenos, y tirar por la cifra exacta. Ahora, a los 23.400.000 euros, añadamos otra cuantía. Hay que añadir el coste de mantenimiento de la red que, como indica la Junta, “da servicio a alrededor de 350.000 ciudadanos, con un coste de mantenimiento anual de 5,4 millones de euros que soporta íntegramente la Administración autonómica desde hace más de 10 años”. Seguimos con el sumatorio y alcanzamos los 28.800.000.
Y con la calculadora en mano seguimos para añadir más cantidades. Se pueden quedar con esta otra: 1.181.760 euros. Es la cantidad que destina la Junta de Castilla y León a “la contratación de servicios de transporte de la señal de la televisión digital de ámbito autonómico desde el centro de producción y emisión (Radio Televisión Castilla y León) hasta los centros de difusión de televisión desplegados por la Administración autonómica. El objetivo es garantizar la recepción de la señal en la Comunidad”. Garantizar, de nuevo con dinero público, la recepción de una televisión privada.
Algo para poder garantizar este servicio “hasta 2029 con el transporte de dos programas, uno autonómico común a todos los centros y otro de ámbito provincial, y el equipamiento de interconexión de programas”.
Y para ello, además de costear “trabajos de conservación preventiva y correctiva, para solventar incidencias que generen desplazamientos de técnicos, así como de comprobación técnica y de mantenimiento tecnológico, para atender consultas, reclamaciones y comprobación de incidencias y actualizaciones de software, ajustes de sincronización, reposición de cableado” o cualquier otro elemento de instalación. Por lo cual, si sumamos esta cantidad a la anterior, hace un montante de 29.981.760 euros.
Pregunten ustedes, ya no a Canal 9 Soria, si no a cualquier otra televisión de Castilla y León que no pertenezca a RTVCyL, a ver quién les costea los postes para poder emitir. Pregunten.
