miércoles 6 julio, 2022
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Presentación IV Observatorio Sindical de las Migraciones en Soria

Esta mañana en rueda de prensa las Secretarías de Migraciones y Mujer de CCOO en Soria, han presentado El IV Observatorio Sindical de las Migraciones. Comisiones Obreras lleva realizando informes desde el año 2015 que, permiten analizar la situación social y laboral y las tendencias migratorias de la población de origen extranjero asentada en Castilla y León, desde una óptica sindical.

A la rueda de prensa asistieron Javier Moreno Miguel, Secretario General del Sindicato en Soria, Raquel de Vicente, Secretaria de Migraciones y Juventud, Gemma Borque, Secretaria de Acción Sindical y Mujer y Miguel Fernández, Técnico del Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE).

El estudio trata de conocer la situación de las mujeres inmigrantes que viven en nuestra comunidad desde una perspectiva de género, con la intención de que sirva al menos para visibilizar y sensibilizar sobre los problemas que, como mujeres y de origen extranjero, les afectan.

Según los datos ofrecidos por CCOO, las mujeres extranjeras en nuestra provincia son 4.170, lo que supone el 48 % de la población extranjera de Soria. La distribución más numerosa por nacionalidades corresponde a los países de Bulgaria y Rumania, 15,9% cada uno, Marruecos 14,5%, Venezuela 6% y Colombia 5%. Además, entorno al 50% de las mujeres extranjeras, están asentadas en las zonas rurales de nuestra provincia, lo que supone un impulso demográfico que merece ser tenido en cuenta. El 72% de las mujeres afiliadas a la Seguridad Social en Soria, lo están en el Régimen General. El 14,9 % lo está como empleada de hogar.

El salario medio de las mujeres extranjeras es un 42% inferior al de los hombres españoles. Esta enorme diferencia no se justifica por el nivel formativo. El 25% de las mujeres extranjeras y el 39% de las mujeres españolas tienen titulaciones superiores, superando a los hombres de su nacionalidad respectivamente.

En cuanto a las propuestas presentadas por CCOO para luchar contra la triple discriminación de mujeres, extranjeras y trabajadoras, han girado entorno a las políticas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal, puesto que carecen, en muchas ocasiones, del apoyo familiar y social que suelen tener las mujeres autóctonas por lo que el acceso a los derechos de conciliación y corresponsabilidad es totalmente necesario. Así mismo, también es necesario ampliar los servicios públicos de atención a menores y mayores dependientes, para facilitar a estas mujeres su incorporación al mercado laboral.

La formación es fundamental para revertir estos datos, tanto en el acceso como en el reconocimiento de la misma. Es necesario facilitar el acceso a la formación para el empleo aumentando las convocatorias de “competencias clave”; así como aumentar el catálogo de “certificados de profesionalidad” de nivel 1 que permitan la continuación de la formación; y facilitar el reconocimiento de títulos extranjeros, manteniendo las ayudas autonómicas a la homologación, equivalencia y convalidación de títulos y agilizando los procesos.

Contra los bulos y el racismo, se hace necesario llevar a cabo campañas informativas y formación que nos permitan ver a las mujeres inmigrantes como son, mujeres que tienen la suficiente capacidad, conocimientos y valor para integrarse en el mercado laboral en las mismas condiciones que la población autóctona. Relegarlas sistemáticamente a puestos para los que no se requiere formación y en las categorías profesionales más bajas, sin tener en cuenta otras competencias que no sean el origen, es desperdiciar un talento que no nos podemos permitir.

Desde la Administración Pública son necesarias políticas inclusivas, no generalistas, que reconozcan la diversidad y den soluciones a una población con características específicas facilitando el asentamiento en la comunidad. Las políticas generalistas ocultan e invisibilizan problemas y situaciones específicas.

Por último, es necesaria una segregación por sexos y nacionalidad en las estadísticas públicas, para dar voz a estas mujeres y adaptar las políticas públicas hacia una sociedad inclusiva.