Los ediles de Vox en el Ayuntamiento de Soria han presentado alegaciones contra la Ordenanza Municipal Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La consideran una «cortina de humo para captar fondos europeos» y exigen su retirada «por no contar con la preceptiva motivación técnica, ni con los informes de impacto económico y protección de datos». Con la finalización del plazo administrativo de alegaciones, aseguran que ésta es la primera acción del grupo contra la ZBE en su escala de medidas de oposición a la misma.
Para VOX, la ZBE «no responde a una necesidad real de Soria; es un ejemplo de fanatismo climático que no respeta la legalidad ni la realidad social y económica de los sorianos». En sus alegaciones, indican «los vicios legales» que, a su juicio, «invalidan la ordenanza». El portavoz, Fernando Castillo, ha señalado que la principal carencia radica en la «insuficiente motivación» del expediente: «El Ayuntamiento no ha presentado ni un solo informe técnico o ambiental que acredite que la ciudad de Soria supera los valores límite de contaminación del Real Decreto 102/2011, lo cual es un requisito legal indispensable para su implantación».
Impacto económico
VOX califica la medida como «desproporcionada» y la considera «una vulneración de los artículos 4 de la Ley 40/2015 y 129 de la Ley 39/2015, que exigen que cualquier limitación de derechos esté justificada por el interés general y sea lo menos restrictiva posible». En este sentido, han criticado que el equipo de gobierno socialista «no haya realizado un estudio de impacto económico y social que evalúe el perjuicio para autónomos, comerciantes y familias con menos recursos dado que para Castillo son ellos los que sufrirán en mayor medida esta pobreza vehicular» al no poder renovar sus coches y adquirir nuevos».
El concejal ha señalado que la Ley 7/2021 de Cambio Climático «solo obliga a municipios de más de 50.000 habitantes a establecer estas zonas, y en el caso de Soria, con una población inferior, solo sería aplicable si se superaran esos umbrales de contaminación, algo que no ocurre». «Si en el artículo 5 de la Ordenanza se reconoce que los niveles de contaminación en Soria están mayoritariamente dentro de los estándares legales, ¿cómo se va a restringir la libertad de circulación de los ciudadanos? No hay una razón objetiva que lo justifique», comenta Castillo.
«Humo para captar fondos europeos«
Desde Vox explican que la ordenanza hace referencia a la normativa estatal y europea reguladora de este tipo de zonas, pero afirman que «para adoptar una medida de carácter restrictivo como la ZBE no basta con citar el marco normativo; sino que resulta imprescindible demostrar que concurren las condiciones que hacen necesaria su aplicación». «No engañan a los sorianos: esta ordenanza es una cortina de humo para captar fondos europeos y todos los sabemos. En una provincia como Soria, despoblada y con enormes masas forestales, claro que no han podido presentar un solo informe que justifique la implantación de medidas restrictivas a la circulación por contaminación», afirma Castillo.
«Vigilancia de Gran Hermano sin protección de datos»
Otro de las alegaciones de VOX hace referencia a «la falta de informes al respecto las implicaciones del uso de las imágenes de los sorianos que grabarán las cámaras y la normativa de protección de datos». «El PSOE ha instalado más de 30 cámaras de control de accesos que suponen un gasto millonario para mantener un Gran Hermano que controlará los movimientos de los ciudadanos, y lo hace sin ninguna garantía sobre la privacidad y protección de datos que exige el RGPD», ha añadido Castillo. «Luego bien que hablan de proteger la privacidad ciudadana para no poner una cámara de vigilancia en la Zona», apostilla.
Además de solicitar la retirada definitiva de la ZBE, VOX pide, de forma subsidiaria, que «se modifique su contenido para que las restricciones solo se activen cuando se acredite técnicamente la contaminación, garantizando el libre acceso a residentes y profesionales de la zona». El Grupo Municipal ha anunciado que, «de no ser atendidas sus peticiones, no descarta acudir a la vía judicial para impugnar una norma que considera nula de pleno derecho por defectos de motivación».
