Carlos Martínez indica que desde Fomento “nos aseguran que el desarrollo de la ejecución de la obra no tiene capacidad de ser parado”
El 12 de diciembre es la fecha definida para la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Soria.
El alcalde de la localidad, Carlos Martínez Mínguez, ha manifestado esta mañana en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local que el inicio de las obras es “inminente” en los trabajos previos de consolidación, y en el “desarrollo pleno de lo que será la ejecución de la infraestructura”. El regidor ha explicado que ya hay un trámite previo administrativo en exposición pública, y que ahora “falta la aprobación del proyecto que se realizará por el Consejo de Ministros”.
Desde Hermanos Villar, Daniel Villar ha manifestado a este medio el “profundo malestar” de la empresa que cuenta con gran parte de sus terrenos afectados por el futuro proyecto de la EDAR, ante lo que consideran un “pseudo comienzo de las obras”. Villar afirma “que es surrealista que se inicien unas obras de desbroce en unas parcelas en las que no entraría una tuneladora hasta dentro de 3 años, sólo por impedir que caduque una Declaración de Impacto Ambiental”. Hermanos Villar ya han denunciado el proceso administrativo por el que se ha desarrollado este proyecto ante la Audiencia Nacional. Un proceso que consideran “calamitoso”. Afirma que ahora se ha segregado un contrato menor de uno anterior, más grande, “de una manera arbitraria”. Algo que han denunciado también ante la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia). Además, han interpuesto una denuncia contra el propio Ministerio de Fomento con un recurso de alzada.
ACUERDOS CON LOS PROPIETARIOS
Martínez ha indicado esta mañana que “no me corresponde como Ayuntamiento entrar en ningún tipo de polémica” respecto a los acuerdos alcanzados con algunos de los propietarios para poder expropiar los terrenos necesarios para llevar a cabo esta obra. “Respeto total y absoluto de la defensa de los intereses privados que puedan tener los propietarios del suelo” ha añadido. Sin embargo, ha dejado claro que desde el Ministerio de Fomento les han trasladado que la declaración de obras de interés general “conlleva ser garantistas con la salvaguarda de los derechos que pueda tener cualquier propietario, pero nos aseguran que el desarrollo de la ejecución de la obra no tiene capacidad de ser parado”.
Daniel Villar por su parte, mostraba el cabreo de su empresa ante los acuerdos que se han alcanzado con dichos propietarios por aceptar el justiprecio durante esta fase de la expropiación. “Nadie en su sano juicio acepta el justiprecio y por eso vamos a estar muy expectantes”.
También ha recordado que “en el momento en el que se inicien los trámites expropiatorios acudiremos a la sala de la Audiencia Nacional”.
Desde la empresa no entienden que “la administración haya sacado un presupuesto de 40 millones para la obra”, pero desde hace 6 meses está en fase de anuncio, y no haya empresa a la que se haya adjudicado este proyecto. “Seguramente hay alguna que ha querido y le han dicho que cuesta más el túnel, y tienen terror a decírselo a la opinión pública” indica Villar. “No empiezas una obra en tu casa y luego preguntas cuánto cuesta: primero pides un presupuesto previo” concluye.
